Desconsoladamente inseguros

Por: Héctor Velázquez (*)

La fuga durante la madrugada del 27 de diciembre de 2015, de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci del Penal de Máxima Seguridad de General Alvear, condenados a cadena perpetua por el denominado triple crimen de General Rodríguez, y la supuesta captura en la madrugada del 9 de enero de 2016, pasará a la historia como uno de los episodios más vergonzosos y terribles del ámbito de la seguridad en la República Argentina desde el regreso de la democracia en 1983. Un triste hito (y van…) que deja en claro, una vez más, el alto precio a pagar por una corrupción ya enquistada en el Estado y en una parte importante de la sociedad argentina.
Lo que pasó durante la jornada del 9 de enero de 2016 es digno de un capítulo de “Los Simpsons”. Siendo cerca de las 11:00 de la mañana las autoridades nacionales, entre ellas el Presidente de la Nación, manifestaban públicamente su contento por la novedad de la captura de los prófugos (cuando en realidad solo había apresado a Martín Lanatta). Mauricio Macri tuiteaba: “Felicito a todo el equipo y a las fuerzas de seguridad por la captura de los prófugos. El trabajo en conjunto fue fundamental”. Mientras tanto la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, su segundo, Eugenio Burzaco, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, prometían brindar detalles del operativo que en las primeras horas de la jornada terminó con la captura de Martín y Christian Lanatta y a Víctor Schillaci. Según el diario La Nación, desde el Ministerio de Seguridad del gobierno nacional, la conferencia de prensa tendría lugar a las 14.30 en la sede de la cartera, en Gelly y Obes 2289, en el barrio de Palermo. Después de la conferencia, la comitiva encabezada por Patricia Bullrich viajaría a la zona donde fueron encontrados los prófugos.
Esta fuga y lo que viene sucediendo hasta el momento es la continuidad, el claro reflejo, de un proceso de degradación institucional y social de décadas, donde el dinero y el terror impartido por el narco (y otras mafias impulsadas por verdaderos “quinta columna” que subsisten en las fuerzas de seguridad, la política, el poder judicial y el sistema carcelario) se erigen como oscuros monarcas que no encuentran ninguna oposición firme a sus ambiciosos planes de conquista.
Al momento de escribir esta opinión van 14 días de búsqueda de los prófugos (si nos ponemos a contar las horas son 13), sin los resultados positivos esperado (solo el arresto de uno de los hermanos Lanatta), con el destacado de la falsa y espectacular alarma que esperemos en algún momento alguien explique quién o quiénes la hicieron sonar para que, de una buena vez por todas, podamos creer en el comienzo de un cambio real, no poblado de frases hechas y expresiones de voluntades. Tres prófugos (ahora dos) que, como nunca antes, mantienen en jaque a las autoridades gubernamentales y a las fuerzas de seguridad federales y provinciales.
“Estamos frente a delincuentes que tienen montada una red de complicidades. Pero creemos que hemos llegado a una situación en la que ellos están con menos recursos, ojalá sea así”, aseguró hace unos días la ministra de seguridad Patricia Bullrich. “No vamos a adelantar absolutamente nada, no vamos a decir nada porque esta es la línea con la que tenemos que trabajar para no perjudicar la investigación y beneficiar a los prófugos”, señaló.
Que la ministra de seguridad haya incluido la expresión “ojalá sea así” en sus palabras, expone a las claras, que no existen ni jamás existieron certezas de ningún tipo sobre el paradero de los delincuentes. Así, todo es factible de ser imaginado. Todo pudo y todo puede suceder (como de hecho pasó con el “bluff” vivido durante la jornada). La pregunta que me surge a raíz de esta expresión de deseo es la siguiente: ¿si la ministra de seguridad no tiene certezas en un caso tan extremadamente delicado, quién las debería tener?
Patricia Bullrich, dijo esta noche que: “delincuentes con ramificaciones en las estructuras del Estado plantaron información falsa con el objetivo de desviar la búsqueda de los tres prófugos del triple crimen”. Y aseveró: “Los que dieron una información falsa van a recibir las consecuencias penales de quien tuvo cierta complicidad”. Creemos que cuando lo que se hace es poner una pista falsa es que no se logre el objetivo, es que el Gobierno y el ministerio de Seguridad, la provincia de Santa Fe y de Buenos Aires y las fuerzas de seguridad no logren el objetivo de detener a los prófugos”. Siempre por dichos de la funcionaria, la mala información tiene que ver con estas conexiones y ramificaciones que tiene el delito en las estructuras políticas, judiciales, y de las fuerzas de seguridad. “Estas ramificaciones nos llevaron a generar una falsa información”.
Po su parte, la Vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, jornadas atrás fue contundente al decir a los medios lo siguiente: “No tenemos herramientas idóneas para resolver el problema, lo cual complica mucho. Lo que estamos viendo es patente, es lo que nos deja un gobierno”, refiriéndose a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. “Toda esta situación de no tener fuerzas de seguridad que puedan responder de manera eficaz y eficiente”, y mencionó específicamente el Servicio Penitenciario, que tiene estas complicidades con el narcotráfico.
“Por supuesto que la preocupación del gobierno provincial y nacional es enorme, y estamos todos atrás de una situación que queremos resolver, pero contamos con instrumentos y herramientas que nos dejó un gobierno al que no le importaron estas cosas”, insistió.
Otra vez la pésima costumbre de todos los gobiernos ante un tema extremadamente comprometido: culpar a la gestión anterior, a quienes les precedieron en las tomas de decisiones, en vez de proceder con un criterio verdaderamente superador y contundente, con medidas políticas que permitan sanear y mejorar, de una vez por todas, el andamiaje de inteligencia y operativo aplicado a la lucha contra el delito, así como el sistema judicial y el servicio penitenciario.
Una de las primeras reacciones, casi un acto reflejo, ante cada caso que provoca una crisis en el ámbito de la seguridad es proceder a la ejecución sumarísima de “purgas” masivas, que tienen mucho de golpe de efecto pero poco de práctico frente a su implementación, muchas veces indiscriminada y sin poner la lupa en cada caso. De todos modos, sean o no masivas, justas o injustas, las “purgas” lo único que hacen habitualmente en lo práctico es remover a alguien de un cargo y, pasado un tiempo (cuando el tema sale de la agenda), concluyen en reacomodamientos en otros sectores de las administraciones correspondientes.
Las crisis de seguridad en la Argentina están pobladas de “mea culpa” de parte del poder político de turno y, como hemos dejado ya en claro, casi siempre endosado a gestiones pasadas. Un “mea culpa” que siempre parece abrigar la noble esperanza de lograr la mejor policía, la mejor justicia y el mejor sistema penal, pero que nunca se alcanza porque el precio a pagar puede ser muy caro. La solución siempre se reduce a ampulosos anuncios que incluyen las ya mencionadas “purgas”, las “emergencias de seguridad”, la urgente incorporación y formación de nuevo personal, y la compra de nuevo equipamiento (casi siempre en circunstancias poco claras) con criterios que no responden a las necesidades operativas reales de uso y desgaste (el problema, por ejemplo, de los móviles que se rompen y que quedan largamente fuera de servicio en espera de un repuesto).
Lamentablemente, debo decir, que nos esperan más fugas o mayores desastres (que no son pocos los que ya suceden), si no se encara un cambio real y profundo, que contemple, entre otras cosas, la importancia vital de la formación académica inicial; la evaluación, legajo por legajo, de cada uno de los que tiene injerencia en la seguridad de este país; capacitaciones periódicas obligatorias sobre habilidades operativas e intelectuales específicas ( negociación y mediación, primeros auxilios, conocimiento y empleo de armas largas y cortas, tiro táctico en diferentes circunstancias y escenarios urbanos y rurales, entre las más importantes) ; actualización del salario acorde a los índices inflacionarios; premios por acciones destacadas; nutrición y cuidados médicos generales (con el foco puesto en la contención psicológica frente a una labor de alto stress); sanciones ejemplares e inmediatas para desalentar cualquier tipo de abuso de superiores sobre subordinados (especialmente aquellos que tengan que ver con proponer la comisión de delitos tales como extorsión, pedido de coimas, protección o cobro de comisiones para permitir el despliegue de actividades de organizaciones delictivas, entre otros).
Otro tanto queda por hacer en el poder judicial y en una parte del sistema carcelario, donde harán falta otras tantas medidas específicas y urgentes que ayuden a que la justicia sea tal y que quienes deban pagar sus deudas con la sociedad lo hagan en ámbitos donde sea posible apostar a una real reinserción y no un descenso obligado y sin retorno al infierno.
Quisiera cerrar este escrito mencionando, alguno, solo algunos pocos hechos que considero verdaderos hitos vergonzosos y terribles de la inseguridad nacional, desde la vuelta de la democracia en 1983: los atentados a la Embajada de Israel (17 de marzo de 1992) y a la AMIA (18 de julio de 1994); la muerte de mi compañero José Luis Cabezas en Pinamar, el 25 de enero de 1997, a manos de una organización compuesta por delincuentes y efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires; la segunda desaparición de Julio López, el 18 de septiembre de 2006, luego de haber declarado en la causa contra Miguel Etchecolatz (Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre marzo de 1976 y fines de 1977), quien fue finalmente condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad; el homicidio, aún impune, de Marcelo Valdi, quien fue quemado vivo el 12 de septiembre de 2004, por haber aportado datos valiosos en una fiscalía de Lomas de Zamora en una causa donde se puso en la mira a una banda de secuestradores integrada por policías bonaerenses; la muerte del fiscal Alberto Nisman el 18 de enero de 2015 en circunstancias aún no aclaradas; el cobarde acoso a una valiente vecina de una villa en Rosario, llamada Marta Maidana de 46 años, madre de cuatro hijos, que por denunciar a una banda narco ha sufrido ataques a tiros que ya le quitaron la vida a su nuera con un disparo en la cabeza, le hirieron al marido y a un hijo de 14 años, y a su hijo de 24 años casi lo matan el 24 de septiembre de 2015 con cuatro impactos de bala, todo bajo la absoluta indiferencia de la justicia y de la policía; y el brutal ataque a la familia del periodista Sergio Hurtado, Director de FM Luna de San Antonio de Areco (Buenos Aires), a quienes dos delincuentes de 18 y 21 años, totalmente drogados, robaron y violaron a su esposa, en dos oportunidades, antes de retirarse los individuos advirtieron al colega que en sus comentarios públicos debía dejar de referirse a la venta de drogas en Areco.
Ahora bien, con todo este verdadero “cambalache” del terror que incluye delincuentes cada vez más crueles y fuera de sí, con un sistema corrompido que no está en condiciones de brindar garantías de ningún tipo, tanto que por estas horas parecería irrecuperable a pesar del noble y heróico esfuerzo de muchos actores sociales por revertir la situación, me pregunto: ¿Será la hora de ponernos a discutir seriamente el derecho que reclaman muchos ciudadanos de poder armarse para ejercer la autodefensa?

(*) Periodista y Director General de www.universoarmas.com.ar